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=
=
=
IUSTITIA et PULCHRITUDO (ISSN 1607-4319) Vol. 03, No. 02, Julio - Diciembre 2022
=
pp. 62 =E2=80=93 78 __=
___________________________________________________________________________=
_______ <=
/p>
La IVE en Espa=C3=B1a: =
Elementos para su constitucionalizaci=C3=B3n
Argelia Que=
ralt Jim=C3=A9nez=EF=81=B9
*Autor para Corre=
spondencia. E-mail: =
aqueralt@ub.edu
Reci=
bido: 05 de junio de 2022 =
____________________________________________________ Resumen <=
/span>
En estas p=C3=A1ginas pretendo plantear de forma sint=C3=A9tica las bases =
jur=C3=ADdicas para la construcci=C3=B3n de lo que creo que deber=C3=ADa se=
r el reconocimiento del derecho fundamental a la interrupci=C3=B3n voluntar=
io del embarazo (IVE) de las mujeres en=
Espa=C3=
=B1a. En tanto que de=
recho fundamental=
deber=C3=ADa formar parte d=
el cat=C3=A1logo<=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt"> de derechos reconocidos y tutelados en la Constituci=C3=
=B3n. Para ello apuntar=
=C3=A9 los principales elementos que contiene nuestro ordenamiento jur=C3=
=ADdico, junto a los par=C3=A1metros internacionales que aquel debe respeta=
r, y las barreras existentes en nuestro sistema, no solo normativas, para p=
oder afirmar la existencia de tal derecho.
Palabras clav=
e: IVE, Espa=C3=
=B1a, constitucionalizaci=C3=B3n, libertad, mujer
Abs=
tract
In these pages I intend to summarise the legal bases for the constr=
uction of what I believe should be the recognition of the fundamental right=
to voluntary termination of pregnancy (IVE, in Spanish) for women in Spain=
. As a fundamental right, it should form part of the catalogue of rights re=
cognised and protected in the Constitution. To this end, I will point out the main elements contain=
ed in our legal system, together with the international parameters that it =
must respect, and the barriers that exist in our system, not only in terms =
of regulations, in order to be able to affirm the existence of such a right=
.
![3D""](3D"image.001.png")
Keywords: IVE, Spain, constitutionalism, liberty, women. <=
/p>
=EF=81=B9 Doctora en Derecho (Universitat=
de Barcelona). Profesora Agregada de Derecho Constitucional (Universitat d=
e Barcelona). Letrada del Tribunal Constitucional. Autora de =E2=80=9CEl Tr=
ibunal de Estrasburgo: una jurisdicci=C3=B3n internacional para la protecci=
=C3=B3n de derechos fundamentales=E2=80=9D (2003) y =E2=80=9CLa interpretac=
i=C3=B3n de los derechos: Tribunal de&#=
xa0; Estrasburg=
o =
del Tribunal Constitucional=E2=80=9D (2008) =
Nicolas=
P=C3=A9rez 2006, CEPC). Co- Directora de Icon-Sociery Spain y Editora de IberIconnect.blog.
In memoriam
Ana S=C3=A1nchez, precursora, maestra y amiga =
Para mi hablar de aborto, de derechos re=
productivos y sexuales de las mujeres, del Derecho con perspectiva de mujer=
supone indefectiblemente recordar a mi colega y amiga Ana S=C3=A1nchez.
<=
span style=3D"font-family:Garamond">Recuerdo las clases de doctorado que no=
s dio, en la que nos hablaba de Derecho a la intimidad personal, pero desde=
una perspectiva innovadora, mucho m=C3=A1s compleja de lo que era la norma=
. Nos introdujo, ya a finales de los a=C3=B1os 90 del siglo pasado, la idea=
de c=C3=B3mo la tecnolog=C3=ADa pod=C3=ADa cambiar nuestras vidas y como p=
od=C3=ADa impactar en nuestra intimidad en lo personal, pero tambi=C3=A9n e=
n lo profesional. =
Sus clases,<=
span style=3D"font-family:Garamond"> algo <=
span style=3D"font-family:Garamond">ca=C3=B3ticas, como<=
/span> era Ana, eran una puerta al futuro =
del Derecho Constit=
ucional, a entender nuestra disciplina en un contexto abierto y en relaci=
=C3=B3n con otras ramas jur=C3=ADdicas, pero, tambi=C3=A9n, con otras disci=
plinas cient=C3=ADficas. Hoy en d=C3=ADa le llamamos interdisciplinariedad =
y es imprescindible; Ana S=C3=A1nchez ya nos lo transmit=C3=ADa hace m=C3=
=A1s de 20 a=C3=B1os. Adem=C3=A1s, dominaba fuentes extranjeras, estudios m=
=C3=A9dicos, fuera, de nuevo, de lo que eran nuestras fuentes habituales de=
trabajo. No les enga=C3=B1ar=C3=A9, a veces, lo que nos contaba nos sonaba=
un poco a ciencia ficci=C3=B3n, aunque, no lo sab=C3=ADamos entonces, eran=
realidades que pronto se convertir=C3=ADan en cotidianas. Tambi=C3=A9n fue=
ella quien me introdujo en el mundo de los datos y la inform=C3=A1tica, en=
el art. 18. 4 CE a quien nadie hac=C3=ADa mucho caso y que hoy en d=C3=ADa=
es uno de los centros neur=C3=A1lgicos de nuestras sociedades y de nuestro=
s desvelos jur=C3=ADdicos: el tr=C3=A1fico de datos personales, su archivo =
y guardia, su tutela ante los abusos, sus usos comerciales, incluso laborales. De nuevo, precursora, aunque, me temo, poco=
escuchada: <=
/span>su modernidad cient=C3=ADfica no=
casaba con determinados esquemas mentales.
Y, por supuesto, la perspectiva de g=C3=A9nero del Derecho. Fue ella =
quien me hizo ver que, efectivamente, el Derecho no es neutro, que est=C3=A1 construido a imagen y semejanza del h=
ombre, no de la persona ni de la mujer. De su mano entr=C3=A9 a formar part=
e del grupo de profesoras de An=C3=A1lisis Feminista del Derecho en la Facu=
ltad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El grupo, que sigue =
existiendo casi 15 a=C3=B1os despu=C3=A9s, es =
idiosincr=C3=A1tico y en =C3=A9l Ana se sent=C3=ADa querida, escuchada y en=
tendida. De nuevo, comparti=C3=B3 con nosotras todo un saber para mi descon=
ocido hasta entonces, todo un mundo doctrinal y jurisprudencial, una lucha =
en el mundo jur=C3=ADdico decidido a situar a la mujer en la situaci=C3=B3n=
de ciudadana de primera que le corresponde. Nos hablaba de sentencias <=
span style=3D"font-family:Garamond">del Tribunal<=
span style=3D"font-family:Garamond"> Supremo Americano, de autoras extranjeras, de discursos feminis=
tas, de sus fortalezas y debilidades. Y todo ello siempre desde la&#=
xa0; honestidad intelectual y la modestia. Compart=C3=ADa sus conocimientos
=
0; de forma =
tranquila, nunca presumi=C3=B3 de todo aquel saber del que algunas no hab=
=C3=ADamos tenido noticia hasta entonces. F=C3=ADjense, muchos a=C3=B1os an=
tes de que en las universidades espa=C3=B1olas se empezara hablar de los protocolos contra el acoso y el abuso sex=
ual, Ana ya daba charlas sobre su marco te=C3=B3rico y sus diferentes tipos=
y alcance en las universidades americanas. Algunos se re=C3=ADan: hoy los =
aplican.
Nunca quiso protagonismo y si=
empre nos apoyaba para crecer profesionalmente, a seguir adelante, y a defe=
nder lo que cre=C3=ADamos que era justo. Ana era una persona sabia, generos=
a -muy generosa- honesta, buena y con un gran sentido del humor. Entender=
=C3=A1n aquellos que no la conocieron porqu=C3=A9 la echamos tanto de menos=
.
1. LAS BASES CONSTITUCIONALES DE =
LAS QUE PARTIMOS
1. 1. Una historia constitucional sin perspectiva de g=C3=
=A9nero =
El estado de=
derecho, sobre el que se estructuran todas las constituciones liberales mo=
dernas, pese a lo que a veces se afirma, se construy=C3=B3 con perspectiva =
de g=C3=A9nero: los hombres eran los protagonistas de la res publica, mientras que las mujeres, seres intelectualment=
e inferiores, quedaron =E2=80=93quedamos=E2=80=93 relegadas al =C3=A1mbito de lo privado, de lo dom=C3=A9stico. As=C3=AD, los padres del<=
span style=3D"font-family:Garamond"> estado moderno, hace apro=
ximadamente 250 a=C3=B1os, optaron por una construcci=C3=B3n jur=C3=ADdico-=
social divida por sexos, basada en un pacto del que las mujeres fuimos expr=
esamente excluidas[1]. Con =
el pasar de los a=C3=B1os y la evoluci=
=C3=B3n de los estados constitucionales aquella subordinaci=C3=B3n juridifi=
cada de la mujer respecto del hombre se fue asumiendo como est=C3=A1ndar ne=
utro constitucional hasta normalizarse que los textos constitucionales no h=
icieran diferencia entre hombres y mujeres, sobre una pretendida garant=C3=
=ADa de la igualdad formal ante y en la constituci=C3=B3n. La estandarizaci=
=C3=B3n de lo masculino como norma ha silenciado, obviado y marginado las n=
ecesidades y realidades de las mujeres, tambi=C3=A9n en las estructuras p=
=C3=BAblicas y sus condicionantes para las privadas, sin mencionar aquellas=
esferas de poder escaso, de vida pol=C3=ADtica y social en la que la mujer=
viene siendo protagonista casi en solitario. Esta base ideol=C3=B3gica exp=
lica muchas de las desigualdades existentes hoy entre hombres y mujeres en =
todos los =C3=A1mbitos de la vida. Por ello cuesta tanto desmontarlas y con=
struir pactos constitucionales con una perspectiva feminista que visibilice=
a las mujeres como sujetos pol=C3=ADticos y sociales en igualdad de condic=
iones que los hombres.
La preterici=
=C3=B3n constitucional de las mujeres al =C3=A1mbito privado, en todos los =
aspectos de la vida, ten=C3=ADa su origen en lo defendido por algunos de lo=
s padres de la ilustraci=C3=B3n. As=C3=AD, J. J. Roussea=
u, padre del contrato social, en su libro =E2=80=9CEl Emilio=E2=80=9D, afir=
maba, entre otras, =E2=80=9C[=E2=80=A6] la mujer est=C3=A1 hecha especialme=
nte para complacer al hombre. (=E2=80=A6) Si la mujer est=C3=A1 hecha para =
complacer y para ser subyugada, debe hacerse agradable al hombre en lugar d=
e provocarlo (=E2=80=A6).=E2=80=9D
Tr=
as la toma de la Bastilla, se aprob=C3=B3 la Declaraci=C3=B3n de Derechos d=
el Hombre y del Ciudadano de 1789: la utilizaci=C3=B3n del masculino determ=
inaba el sujeto pol=C3=ADtico de aquella carta liberal de derechos y libert=
ades: el hombre. Como respuesta, la intelectual francesa, Olympe de Gouges,=
que hab=C3=ADa apoyado el nuevo r=C3=A9gimen, escribi=C3=B3 la Declaraci=
=C3=B3n de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), poniendo de m=
anifiesto como la Declaraci=C3=B3n de 1789 hab=C3=ADa consolidado la desigu=
aldad pol=C3=ADtica entre hombres y muje=
res.
En definitiva, aquel pacto socia=
l a trav=C3=A9s del que la ciudadan=C3=ADa, soberana, igual y libre ced=C3=
=ADa la gesti=C3=B3n de su poder a una estructura pol=C3=ADtica limitada po=
r la ley y los derechos ciudadanos, part=C3=ADa, adem=C3=A1s, de que las mu=
jeres fu=C3=A9ramos subordinadas a merced de las necesidades dom=C3=A9stica=
s de los hombres. Aquel pacto impl=C3=ADcito, en que las mujeres no tuviero=
n voz ni mucho menos voto, permiti=C3=B3 la construcci=C3=B3n de un Estado =
de derecho democr=C3=A1tico masculino, hecho a medida del hombre.
1. 2. El constitucionali=
smo espa=C3=B1ol tambi=C3=A9n se construye sobre el pacto social masculino<=
/span> =
Sobre esta estructur=
a liberal masculinizada se construye toda la historia constitucional espa=
=C3=B1ola que, con la honrosa excepci=C3=B3n de la Constituci=C3=B3n de la =
II Rep=C3=BAblica, no se ha caracterizado por considerar a la mujer como ci=
udadana de primera, quiz=C3=A1, ni como ciudadana.
El 19 de marzo de 1812 se aprob=C3=B3 la primera constituci=
=C3=B3n espa=C3=B1ola, que por ser aprobada el d=C3=ADa de San Jos=C3=A9 es=
conocida como la Pepa. Pese a su nombre co=
loquial, en su redacci=C3=B3n no particip=C3=B3 ninguna mujer, los diputado=
s fueron todos hombres. A las mujeres ni siquiera se les permiti=C3=B3 asis=
tir como p=C3=BAblico a las sesiones constituyentes: las tribunas les estab=
an reservadas solo a ellos. Esto no quiere decir, sin embargo, que las muje=
res no mostraran inter=C3=A9s por la pol=C3=ADtica; de hecho, algunas mujer=
es convirtieron sus casas, sus salones, en tertulias a las que acud=C3=ADan=
otras f=C3=A9minas para discutir de pol=C3=ADtica, y en las que particip=
=C3=B3 tambi=C3=A9n alg=C3=BAn que otro diputado constituyente. Aquellas te=
rtulias ten=C3=ADan, incluso, sesgo pol=C3=ADtico, las hab=C3=ADa de car=C3=
=A1cter liberal y conservador. A una parte de las gaditanas, privilegiadas =
socialmente en su mayor=C3=ADa, les interesaba=
la pol=C3=ADtica, pero les estaba vedada su participaci=C3=B3n institucional.
=
La Constituci=C3=B3=
n de <=
/span>1812, celebra=
da por =
inaugurar f=
ormalmente una nueva etapa de&=
#xa0; la his=
toria constitucional, la del Estado de Derecho (pre)-democr=C3=A1tico, pres=
cindi=C3=B3 de las mujeres como sujetos pol=C3=ADticos. No solo se las neg=
=C3=B3 el derecho al voto, sino que, adem=C3=A1s, se las exclu=C3=ADa del disfrute de otros derechos. Un ejemplo p=
aradigm=C3=A1tico se encuentra en el cap=C3=ADtulo del texto docea=C3=B1ist=
a dedicado a la instrucci=C3=B3n. La instrucci=C3=B3n pasaba por ser uno de=
los pilares de las nuevas sociedades ilustradas, ya que permit=C3=ADa a los hombres convertirse en sujetos libres y ciudadanos =
responsables[2].
=
0; El texto =
constitucional preve=C3=ADa que en todos los pueblos de la Monarqu=C3=ADa s=
e crearan escuelas de primeras letras en las que se ense=C3=B1ara a los ni=
=C3=B1os a leer, a escribir y a contar,=
el catecismo de la religi=C3=B3n cat=C3=B3lica y la Constituci=C3=B3n. En =
esta ocasi=C3=B3n, =E2=80=9Cni=C3=B1os=E2=80=9D no supon=C3=ADa la utilizac=
i=C3=B3n del masculino gen=C3=A9rico, puesto que, como qued=C3=B3 plasmado =
m=C3=A1s tarde en el Dictamen y Proyecto de Decreto=
sobre el arreglo general de la Ense=C3=B1anza P=C3=BAblica (hecho p=C3=BAblico el 7 de marzo de 1814), la=
educaci=C3=B3n de las ni=C3=B1as conven=C3=ADa que fuera privada y dom=C3=
=A9stica, =E2=80=9Cpues que as=C3=AD lo exige el destino que tiene este sex=
o en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que haya buenas mad=
res de familia=E2=80=9D[3]. =
La participaci=
=C3=B3n pol=C3=ADtica de las mujeres a trav=C3=A9s del derecho al voto, act=
ivo y pasivo no llegar=C3=ADa a los sistemas democr=C3=A1ticos hasta el s. =
XX, pese a que desde mediados del s. XIX exist=C3=ADa en el mundo occidenta=
l un movimiento decidido en defensa del derecho de sufragio de las mujeres (entre otras vindicaciones): las sufrag=
istas, cuyo texto de referencia puede identificarse con la Declaraci=C3=B3n=
de Seneca Falls aprobada en 1848, en EEUU. Durante el s. XIX se produjo al=
g=C3=BAn reconocimiento del derecho al sufragio (solo activo en muchos caso=
s), pero fueron experiencias breves y muy localizada en el tiempo y el espacio.
En Espa=C3=B1a el derecho al voto, activo y pasivo, de las mujere=
s no llegar=C3=ADa hasta la aprobaci=C3=B3n de la Constituci=C3=B3n de 1931=
, despu=C3=A9s de la dur=C3=ADsima batalla pol=C3=ADtica librada por la Dip=
utada constituyente Clara Campoamor. Los preceptos incorporados fueron los =
ss.:
=E2=80=9CArt=C3=ADculo 52. El Congreso de los Diputados s=
e compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, dir=
ecto y secreto.
Art=C3=ADculo 53. Ser=C3=A1=
n elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la Rep=C3=BAblica mayore=
s de veintitr=C3=A9s a=C3=B1os, sin distinci=C3=B3n de sexo ni de estado civil que re=C3=BAnan las condiciones lijadas =
por ley electoral.=E2=80=9D
1. 3. La Constituci=C3=B3n de 1978: democr=
=C3=A1tica, pero sin perspectiva de g=C3=A9nero
En 1978 se aprob=C3=B3 una Constituci=C3=B3n si=
n perspectiva de g=C3=A9nero. Es cierto que el texto constitucional reconoc=
e la naturaleza social y democr=C3=A1tica del Estado de Derecho sobre el qu=
e se fundamenta el pacto de convivencia en Espa=C3=B1a. Una Constituci=C3=
=B3n en la que se incluye el principio general de igualdad, y la igualdad c=
omo derecho, tanto en su vertiente formal como material (14 CE y 9. 2 CE). =
Se reconoce el sufragio universal, activo y pasivo, masculino y femenino, c=
osa que solo hab=C3=ADa ocurrido en nuestra historia con la Constituci=C3=
=B3n republicana de 1931. Asimismo, en contraposici=C3=B3n a la anterior si=
tuaci=C3=B3n de subordinaci=C3=B3n de la mujer respecto del hombre en el ma=
trimonio, el art. 32 CE incorpor=C3=B3 un mandato de igualdad entre los mie=
mbros de dicha uni=C3=B3n.
Sin =
embargo, m=C3=A1s all=C3=A1 de<=
span style=3D"font-family:Garamond"> estos =
importantes, pero puntuales reconocimi=
entos de&#x=
a0; la=
situaci=C3=
=B3n de subordinaci=C3=B3n=
real de la <=
/span>mujer respecto del h=
ombre, fundamentada=
en una di=
scriminaci=C3=B3n generalizada, nuestra Norma Fundamental es una norma neutra respecto de la cuesti=C3=
=B3n de g=C3=A9nero, neutralidad que es, en realidad, una manera de decir q=
ue se trata de un texto pensado por hombres y para un mundo, esencialmente,=
en masculino[4].
Es innegable que la Constituci=C3=B3n ha permit=
ido la mejora de la situaci=C3=B3n de las mujeres en los diferentes =C3=A1m=
bitos de nuestra realidad dom=C3=A9stica, social, laboral, institucional, p=
ol=C3=ADtica y econ=C3=B3mica, a trav=C3=A9s de diferentes desarrollos norm=
ativos y jurisprudenciales. En relaci=C3=B3n con el objeto de este trabajo,=
el Tribunal Constitucional valid=C3=B3 en su sentencia 53/1985, de 11 de a=
bril, la constitucionalidad de proyecto de ley que modificaba el art=C3=ADc=
ulo 417 bis del C=C3=B3digo Penal, que despenalizaba tres supuestos de inte=
rrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo[5]. Desde entonces, sin embargo, el Tribunal Constitucional pocos=
avances m=C3=A1s ha hecho en esta materia<=
a href=3D"#_ftn6" style=3D"text-decoration:none">[6]. De una parte, despu=C3=A9s de m=C3=A1s de once a=C3=B1os=
, tiene pendiente resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado po=
r el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra la =
Ley Org=C3=A1nica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y d=
e la interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo (LOIVE)[7]. En segundo lugar, resulta poco acorde con la=
defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres la postura=
mayoritaria del Tribunal adoptada en la sentencia 145/2015, de 25 de junio=
. En aquel supuesto, el Tribunal reconoci=C3=B3 que no disponer de la p=C3=
=ADldora del d=C3=ADa despu=C3=A9s quedaba incorporado en el derecho a la o=
bjeci=C3=B3n de conciencia del farmac=C3=A9utico recurr=
ente que,&=
#xa0; en est=
a ocasi=C3=B3n, el Tribunal deriv=C3=B3 directamente del art.<=
/span> 16 CE. En esta sentencia, por&=
#xa0; primera vez, se&#x=
a0; equiparaba la objeci=C3=B3n de conciencia re=
conocida por la ley al personal sanitario ante la pr=C3=A1ctica de una inte=
rrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo y la objeci=C3=B3n de conciencia farm=
ac=C3=A9utica a disponer de ciertos med=
icamentos, por ser, supuestamente, abortivos[8].
3. La Ley Org=C3=A1nica de salud=
sexual=
y reproductiva y dela <=
span style=3D"font-family:Garamond; font-weight:bold">interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo
3. 1. Rasgos defin=
itorios =
Esta ley sup=
uso la despenalizaci=C3=B3n de la IVE, esto es, su regulaci=C3=B3n como der=
echo de la mujer se traslad=C3=B3 a una ley espec=C3=ADfica, de ejercicio, =
condiciones y garant=C3=ADas de una decisi=C3=B3n propia de la mujer, queda=
ndo en el C=C3=B3digo Penal la regulaci=C3=B3n de los supuestos en que la p=
r=C3=A1ctica de un aborto es delictiva. El eje de la nueva regulaci=C3=B3n =
es, pues, el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a una IVE, sin r=
iesgo para su salud, sanitariamente amparada y legalmente tutelada.<=
span style=3D"font-family:Garamond">
La LOIVE sustituy=C3=B3 el sistema de indicaciones por un sistema mixto (plazos e ind=
icaciones), y, por primera vez en Espa=C3=B1a, reconoce la libre decisi=C3=
=B3n de las mujeres sobre su embarazo durante las primeras 14 semanas de ge=
staci=C3=B3n[9]. El art. 12 =
LOIVE garantiza el acceso a la interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo <=
span style=3D"font-family:Garamond">en las condiciones =
que en ella se determinan, debiendo =
ser interpretadas estas condiciones de la forma m=C3=A1s favorable para la =
protecci=C3=B3n y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que so=
licita la intervenci=C3=B3n, en particular, su derecho al libre desarrollo =
de la personalidad, a la vida, a la integridad f=C3=ADsica y moral, a la in=
timidad, a la libertad ideol=C3=B3gica y a la no discriminaci=C3=B3n=
[10]. As=C3=AD, la decisi=C3=B3n =
sobre la interrupci=C3=B3n del embarazo no es todav=C3=ADa un derecho funda=
mental en su configuraci=C3=B3n jur=C3=ADdico-constitucional, pero, sin dud=
a, tiene anclaje constitucional en tanto que necesita en su ejercicio el respeto, garant=C3=ADa y tutela de una se=
rie de derechos que s=C3=AD son fundamentales.
Joan Queralt[11] se=C3=B1ala que son 3 pilares sobre los que pivo=
ta la ley : i) tal y como indica el art. 1, constituye el objeto de la ley =
garantizar los derechos fundamentales en el =C3=A1mbito de la salud sexual =
y reproductiva y regular las condiciones de la IVE y establecer las obligac=
iones de los poderes p=C3=BAblicos; ii) el art. 3 reconoce expresamente que=
la decisi=C3=B3n libre que afectan a la vida sexual y reproductiva son eje=
rcicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonom=C3=ADa personal; ii=
i) en el art. 3. 2 LOIVE se reconoce el derecho a la maternidad libremente =
decidida, lo que para Joan Queralt[12] supone que el legislador reconoce la decisi=C3=B3n sobre ser =
madre como una manifestaci=C3=B3n del derecho b=C3=A1sico a la autodetermin=
aci=C3=B3n personal.
El art. 14 de la le=
y establece que la mujer podr=C3=A1 pedir que se interrumpa su embarazo den=
tro de las primeras catorce semanas de gestaci=C3=B3n. Deben concurrir, eso=
s=C3=AD, dos requisitos: a) que se la haya informado sobre los derechos, p=
restaciones y ayudas p=C3=BAblicas de apoyo a la maternidad, en los t=C3=A9=
rminos que se establecen en el art- 17. 2 y 4 LOIVE; b) que haya transcurri=
do un plazo de al menos tres d=C3=ADas, desde la informaci=C3=B3n mencionad=
a en el<=
/span> p=C3=A1rrafo anterior y la real=
izaci=C3=B3n de la intervenci=C3=B3n.
Superadas las primeras 14 semanas de gestaci=C3=
=B3n, se prev=C3=A9 igualmente la interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo=
durante las primeras 22 semanas (art. 15 a) y b) LOIVE) si existe grave ri=
esgo para la vida o la salud de la embarazada, o si concurre riesgo de grav=
es anomal=C3=ADas en el feto. En todo caso, si las anomal=C3=ADas fetales f=
ueran consideradas como incompatibles con la vida o cuando se detecte en el=
feto una enfermedad extremadamente grave e incurable, la IVE podr=C3=A1 pr=
acticarse en cualquier momento del embarazo (art. 15 c) LOIVE)[13]<=
/a>.
2. 2. El consentimiento inf=
ormado como elemento vertebrador
Debe destacarse que la ley dota de especial relevancia al consen=
timiento informado que debe prestar la mujer antes de someterse a una inter=
rupci=C3=B3n voluntaria de su embarazo. Esta garant=C3=ADa, por su parte, g=
enera en el personal sanitario una serie de obligaciones que permitan efect=
ivamente que la mujer adopte libre e informadamente su decisi=C3=B3n[14].
El art. 13 de la ley exige q=
ue una IVE se partique =E2=80=9Ccon el consentimiento expreso y por escrito=
de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformi=
dad con lo establecido en la Ley 41/2002, B=C3=A1sica Reguladora de la Auto=
nom=C3=ADa del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de informac=
i=C3=B3n y documentaci=C3=B3n cl=C3=ADnica=E2=80=9D.
A partir de aqu=C3=AD, como se ha dicho, la ley exige que =
se informe a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas =
p=C3=BAblicas de apoyo a la maternidad. El art. 17 LOIVE es el que establec=
e cual es el alcance concreto de la informaci=C3=B3n que debe dotarse a la =
mejer antes de prestar consentimiento:
=
=E2=80=9C1. Todas las mujeres que manifiesten su intenci=C3=B3n de someters=
e a una interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo recibir=C3=A1n informaci=
=C3=B3n sobre los distintos m=C3=A9todos de interrupc=
i=C3=B3n del embarazo, las condiciones para la interrupci=C3=B3n previstas =
en esta Ley, los centros p=C3=BAblicos y acreditados a los que se pueda dir=
igir y los tr=C3=A1mites para acceder a la prestaci=C3=B3n, as=C3=AD como l=
as condiciones para su cobertura por el servicio p=C3=BAblico de salud corr=
espondiente.
- En los casos en que las mujeres opten por la=
interrupci=C3=B3n del embarazo regulada en el art=C3=ADculo 14 recibir=C3=A1n, adem=C3=A1s,=
un sobre cerrado que contendr=C3=A1 la siguiente informaci=C3=B3n: =
a) Las ayudas p=C3=BAblicas disponibl=
es para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embaraz=
o y el parto.
b) Datos sobre los centros disponibles para recibir <=
span style=3D"font-family:Garamond">informaci=C3=B3n ade=
cuada sobre anticoncepci=C3=B3n y sexo seguro. <=
/p>d) Datos sobre los centros en los que&#=
xa0; la muje=
r pueda =
; recibir vo=
luntariamente asesoramiento antes y despu=C3=A9s de la interrupci=C3=B3n de=
l embarazo.
Esta=
informaci=C3=B3n deber=C3=A1 ser entregada en cualquier centro sanitario p=
=C3=BAblico o bien en los centros acreditados para la interrupci=C3=B3n voluntaria
=
0; del embar=
azo. Junto=
con l=
a informaci=C3=B3n en sobre cerrado se entregar=C3=A1 a la mujer un documen=
to acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido =
en el art=C3=ADculo 14 de esta Ley.
La elaboraci=C3=B3n, contenidos
y <=
span style=3D"font-family:Garamond">formato de esta informaci=C3=B3n ser=C3=A1
=
0; determinada reglamentariamen=
te por el Gobierno.
- En el supuesto de=
interrupci=C3=B3n del embarazo previsto en la letra b del art=C3=ADculo 15=
de esta Ley, la mujer recibir=C3=A1 adem=C3=A1s de la informaci=C3=B3n pre=
vista en el apartado primero de este art=C3=ADculo, informaci=C3=B3n por es=
crito sobre los derechos, prestaciones y ayudas p=C3=BAblicas existentes de=
apoyo a la autonom=C3=ADa de las personas con alguna discapacidad, as=C3=
=AD como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas per=
sonas.
- En todos los supues=
tos, y con car=C3=A1cter previo a la prestaci=C3=B3n del consentimiento, se=
habr=C3=A1 de informar a la mujer en los t=C3=A9rminos de los art=C3=ADcul=
os 4 y 10 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, y espec=C3=ADficamente sobr=
e las consecuencias m=C3=A9dicas, psicol=C3=B3gicas y sociales de la prosec=
uci=C3=B3n del embarazo o de la interrupci=C3=B3n del mismo.
La informaci=C3=B3n prevista en este ar=
t=C3=ADculo ser=C3=A1 clara, objetiva y comprensible. En el caso de las per=
sonas con discapacidad, se proporcionar=C3=A1 en formatos y medios accesibles, adecuados a s=
us necesidades.
Se comunicar=C3=A1=
, en la documentaci=C3=B3n entregada, que dicha informaci=C3=B3n podr=C3=A1=
ser ofrecida, adem=C3=A1s, verbalmente, si la mujer lo solicita=E2=80=9D. =
Como se observ=
a la informaci=C3=B3n se refiere, por una parte, a las medidas de apoyo p=
=C3=BAblico existente a la maternidad, en caso de decidir con el embarazo. =
Por otra, se informar=C3=A1 sobre condiciones en las que se pr=C3=A1ctica d=
el IVE (d=C3=B3nde, c=C3=B3mo y qui=C3=A9n), sus posibles m=C3=A9todos y la=
s consecuencias m=C3=A9dicas. A este respecto, en toda la ley, se insiste e=
n que la IVE se podr=C3=A1 llevar a cabo en centros p=C3=BAblicos y acredit=
ados. Se&#x=
a0; destaca en el art. 17 de la ley que la informaci=C3=B3n ofrecida sea clara, objetiva y comprensible. =
En el caso de las personas con discapacidad, se proporcionar=C3=A1 en forma=
tos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades, tambi=C3=A9n verbalme=
nte, si la mujer lo solicita. Esta informaci=C3=B3n debe permitir a la muje=
r embarazada tomar una decisi=C3=B3n consciente sobre la IVE. En este concr=
eto contexto cobra sentido el lapso de tres d=C3=ADas, m=C3=ADnimo, que deb=
e trascurrir entre que se ofrece la informaci=C3=B3n y se practica la IVE[=
15].
- 3. El derecho a la objeci=C3=B3n de conciencia =
del personal sanitario
La IVE se con=
figura en la ley como un derecho de prestaci=C3=B3n sanitaria incluida en l=
a cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que deber=C3=
=A1n ofrecer los servicios p=C3=BAblicos de salud, en el =C3=A1mbito de sus=
respectivas competencias. La IVE se realizar=C3=A1 en centros de la red sa=
nitaria p=C3=BAblica o vinculados a la misma.
Es cierto que a los profesionales sanitarios directamente implicad=
os en la interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo se les reconoce el derec=
ho de ejercer la objeci=C3=B3n de conciencia, siempre que el acceso y la ca=
lidad asistencial de la prestaci=C3=B3n queden<=
span style=3D"font-family:Garamond"> garantizados. =
El rechazo =
o la negativa a <=
span style=3D"font-family:Garamond">realizar la interven=
ci=C3=B3n de=
interrupci=C3=B3n=
del <=
span style=3D"font-family:Garamond">embarazo por<=
span style=3D"font-family:Garamond"> razones de conciencia es una decisi=C3=B3n<=
/span> siempre individual, derivada del art. 16 CE. Dicha opci=
=C3=B3n debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En ning=C3=BAn cas=
o, la objeci=C3=B3n a la pr=C3=A1ctica de la IVE supone que los profesional=
es sanitarios dejen de dispensar tratamiento y atenci=C3=B3n m=C3=A9dica ad=
ecuados a las mujeres que lo precisen antes y despu=C3=A9s de haberse somet=
ido a dicha intervenci=C3=B3n.&=
#xa0;
La LOI=
VE prev=C3=A9 como excepci=C3=B3n que, si el servicio p=C3=BAblico de salud=
no pudiera facilitar en tiempo la prestaci=C3=B3n, las autoridades sanitar=
ias reconocer=C3=A1n a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier =
centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de a=
sumir directamente el abono de la prestaci=C3=B3n.
Estas afirmaciones, como se ver=C3=A1=
en breve, son ilusorias en algunos territorios espa=C3=B1oles, anulando el=
derecho de acceso a una IVE segura a las mujeres embarazadas que acuden a =
los centros sanitarios acreditados.
- Las garant=C3=ADas de la mujer embaraz=
ada en su proceso decisorio ante la IVE =
Ya se dijo m=C3=A1s arriba que no existe en la Constituci=C3=B3n un=
reconocimiento de la titularidad de la mujer al derecho a la IVE. De hecho=
, no existen, como tal, los derechos se=
xuales y reproductivos de las mujeres, sin duda, una de las asignaturas pen=
dientes de la hipot=C3=A9tica reforma de la Constituci=C3=B3n. Ante este va=
c=C3=ADo, y como ocurre en buena parte del mundo, al derecho de la mujer a =
decidir libremente sobre la interrupci=C3=B3n de su embarazo se contrapone =
la vida del nasciturus. Debe destacarse que en Espa=C3=B1a el nasciturus <=
span style=3D"font-family:Garamond">no es titular de derechos, pero s=C3=AD es considerado =
como un bien protegido constitucionalmente que, como se =
ver=C3=A1 enseguida, ha sido antepuesto, en algunos casos a los derechos de=
la mujer.
En la ya citada STC 53/1985=
, se afirmaba que: =E2=80=
=9Cnuestra Constituci=C3=B3n ha elevado tambi=C3=A9n a valor jur=C3=ADdico =
fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos q=
ue le son inherentes, se halla =C3=ADntimamente vinculada con el libre desar=
rollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad f=C3=ADsi=
ca y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al hono=
r, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1) [=E2=
=80=A6]. La dignidad est=C3=A1 reconocida a todas las personas con car=C3=
=A1cter general, pero cuando el int=C3=A9rprete constitucional trata de con=
cretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especialidad de=
la condici=C3=B3n femenina y la concreci=C3=B3n de los mencionados derecho=
s en el =C3=A1mbito de la maternidad, derechos que el Estado debe respetar =
y a cuya efectividad debe contribuir, dentro de los l=C3=ADmites impuestos =
por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Co=
nstituci=C3=B3n.=E2=80=9D =
;
Esta afirmac=
i=C3=B3n coincide con los est=C3=A1ndares internacionales a los que Espa=C3=
=B1a debe acomodarse en virtud del mandato interpretativo contenido en el a=
rt. 10. 2 CE, y que, sobre todo tomando como referente la jurisprudencia de=
l TEDH en esta materia, impone una serie de obligaciones positivas al Estad=
o, derivadas del art. 3 Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en cor=
respondencia con el art. 15 CE, y el art. 8 CEDH, hom=C3=B3logo de nuestro =
art. 18 CE. Debe advertirse que el Tribunal de Estrasburgo, a diferencia de=
otros organismos internacionales, no ha llegado a reconocer que la IVE sea=
un derecho convencionalmente tutelable. Sin embargo, una vez que el Estado=
parte cuenta con una legislaci=C3=B3n m=C3=A1s o menos permisiva respecto =
de las posibilidades de IVE reconocidas a las mujeres, l=
os implicados deben cumplir con una serie de&#=
xa0; garant=C3=ADas para hacer efectiva aquella posibilidad, independientemente de lo amplia o estrecha q=
ue esta sea.
<=
p style=3D"margin-top:27.7pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; line-h=
eight:13.5pt">3. 2. =
La =
integridad f=C3=ADsica y moral de la embarazada El art. 15 CE garantiza el derecho a la integrida=
d f=C3=ADsica y moral, mediante el cual, en t=C3=A9rminos generales, viene =
a protegerse la inviolabilidad de la persona contra ataques dirigidos a les=
ionar tanto su cuerpo como su esp=C3=ADritu, as=C3=AD como contra cualquier=
clase de intervenci=C3=B3n sobre esos bienes que se realice sin el consentimi=
ento de su titular[16]. En esta l=C3=ADnea, la integridad moral se define como el =
derecho que asiste a la persona a no ser violentada con intervenciones o tr=
atamientos susceptibles de anular, modificar o herir su voluntad, ideas, pe=
nsamientos o sentimientos. En el desarrollo constitucional de su doctrina, =
el TC ha se=C3=B1alado que este derecho ha =E2=80=9Cadquirido tambi=C3=A9n =
una dimensi=C3=B3n positiva en relaci=C3=B3n con<=
span style=3D"font-family:Garamond"> el libre desarrollo de <=
span style=3D"font-family:Garamond">la personalidad=E2=
=80=9D, orientada a su plena=
efectividad[17]<=
/a>. As=C3=AD, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el consen=
timiento informado del paciente a cualquier intervenci=C3=B3n sobre su pers=
ona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integrida=
d f=C3=ADsica[18]; se trat=
a de una facultad de autodeterminaci=C3=B3n que legitima al paciente, en us=
o de su autonom=C3=ADa de la voluntad, para decidir libremente sobre las me=
didas terap=C3=A9uticas y tratamientos que puedan afectar a su =
integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consint=
iendo su&#x=
a0; pr=C3=A1ctica o rechaz=C3=A1ndolas. Para que esa facultad de consentir, de decidir =
sobre los actos m=C3=A9dicos que afectan al sujeto pueda ejercerse con plen=
a libertad, es imprescindible que el paciente cuente con la informaci=C3=B3=
n m=C3=A9dica adecuada sobre las medidas terap=C3=A9uticas, ya que s=C3=B3l=
o si dispone de dicha informaci=C3=B3n podr=C3=A1 prestar libremente su con=
sentimiento, eligiendo entre las opciones que se le presenten, o decidiendo=
, tambi=C3=A9n con plena libertad, no autorizar los tratamientos o las inte=
rvenciones que se le propongan por los facultativos. De esta manera, el con=
sentimiento y la informaci=C3=B3n se manifiestan como dos derechos tan estr=
echamente imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta =
atenci=C3=B3n del otro, raz=C3=B3n por la cual la privaci=C3=B3n de informa=
ci=C3=B3n no justificada equivale a la limitaci=C3=B3n o privaci=C3=B3n del=
propio derecho a decidir y consentir la actuaci=C3=B3n m=C3=A9dica, afecta=
ndo as=C3=AD al derecho a la integridad f=C3=ADsica del que ese consentimie=
nto es manifestaci=C3=B3n[19]. Adem=C3=A1s, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la falta de in=
formaci=C3=B3n previa al consentimiento puede desencadenar la responsabilid=
ad administrativa en intervenciones sanitarias no estrictamente curativas y=
, en concreto, en casos relacionados con la autonom=C3=ADa reproductiva[20=
].
Si aplicamos este corpus juris=
prudencial al consentimiento informado que debe prestar una mujer que se pl=
antea una IVE, se concluye que es un elemento esencial del ejercicio del de=
recho a la integridad f=C3=ADsica y moral de la gestante recibir informaci=
=C3=B3n completa y comprensible respecto de la intervenci=C3=B3n a la que v=
a a someterse, por peque=C3=B1a que sea.
Por su parte, el Tribunal de Estrasburgo, en la sentencia caso R. R. c. Polon=
ia, de 26 de mayo 2011, concluy=
=C3=B3 que la angustia que hab=C3=ADa sufrido la demandante por el incumpli=
miento de las obligaciones legales del personal sanitario constituy=C3=B3 u=
na violaci=C3=B3n del art. 3 CEDH. En aquel supuesto, se=
inform=C3=B3 a la demandante,=
tras =
una ecograf=C3=ADa<=
/span> realizada&#x=
a0; en la semana <=
/span>18 de<=
span style=3D"font-family:Garamond"> embarazo, de una posible malformaci=C3=B3n fetal. Inmediatamente expres=C3=B3 su =
deseo de abortar si se confirmaba el diagn=C3=B3stico. Se le recomend=C3=B3=
que se hiciera una amniocentesis, pero ni su m=C3=A9dico ni otros del mism=
o centro aceptaron prescrib=C3=ADrsela. Finalmente logr=C3=B3 que le practi=
caran la prueba en la semana 23 de embarazo. Los resultados que confirmaban=
que el feto sufr=C3=ADa una grave alteraci=C3=B3n gen=C3=A9tica llegaron e=
n la semana 25 de embarazo, fuera del plazo legal de 24 semanas previsto pa=
ra poder practicar una IVE en caso de malformaci=C3=B3n del feto.
Para el TEDH quedaba probado que la demandante=
hab=C3=ADa intentado repetidamente obtener acceso a pruebas gen=C3=A9ticas=
que confirmaran o descartaran el diagn=C3=B3stico de una posible malformac=
i=C3=B3n. Sin embargo, la posibilidad de hacerse la amni=
ocentesis se vio afectada por la dilaci=C3=B3n (literalmente, habla de =E2=
=80=9Cprocrastinaci=C3=B3n=E2=80=9D del personal sanitario), la confusi=C3=
=B3n y el hecho de que no se le proporcionara el asesoramiento y la informa=
ci=C3=B3n adecuados, pese a que era indiscutible que s=C3=B3lo dicha prueba=
pod=C3=ADa establecer objetivamente el diagn=C3=B3stico sobre la situaci=
=C3=B3n del feto. =
El Tribunal, en su s=
entencia, afirm=C3=B3 que la demandante se hab=C3=ADa encontrado en una situaci=C3=B3n de gran vulnerabilidad. Com=
o resultado de la dilaci=C3=B3n de los profesionales sanitarios que la trat=
aban, hab=C3=ADa tenido que soportar seis semanas de dolorosa incertidumbre=
en relaci=C3=B3n con la salud de su feto, a pesar de la obligaci=C3=B3n le=
gal del personal m=C3=A9dico de atender debidamente sus preocupaciones. No =
se tuvo en cuenta el elemento temporal que, en ordenamientos como el polaco=
, suponen un condicionante absoluto para poder tomar una decisi=C3=B3n info=
rmada sobre la continuaci=C3=B3n del embarazo o el recurso al aborto legal.=
As=C3=AD pues, la demandante hab=C3=ADa sido humillada y, en opini=C3=B3n =
del Tribunal, su sufrimiento hab=C3=ADa=
alcanzado el umbral m=C3=ADnimo de gravedad del art=C3=ADculo 3, por lo qu=
e se concluy=C3=B3 que la paciente hab=C3=ADa sufrido trato degradante proh=
ibido por el CEDH.
- 3. El derecho a una informaci=C3=B3n completa, fiable y =
en tiempo
<=
/ol>Por otra parte, el d=
erecho a la informaci=C3=B3n en materia de salud sexual y reproductiva debe=
entenderse intr=C3=ADnsecamente relacionado con la autonom=C3=ADa y el der=
echo a la dignidad, y se enmarca, en el seno de la protecci=C3=B3n a la int=
imidad personal y familiar, como ha reconocido el TC en relaci=C3=B3n con l=
a autonom=C3=ADa de los pacientes. M=C3=A1s all=C3=A1 de la jurisprudencia =
de nuest=
ro Tribunal Constituci=C3=B3n, =
todav=C3=ADa escasa en esta materia, la jurisprudencia del TEDH, ya explica=
da en relaci=C3=B3n con el art. 3 CEDH, ha reconocido que el art. 8 CEDH, a=
plicado a supuestos de IVE, genera para el Estado una serie de obligaciones=
positivas que se convierten en garant=C3=ADas de obligado cumplimiento en =
el proceso de toma de decisi=C3=B3n sobre la continuidad o no del embarazo.=
Entre estas garant=C3=ADas destaca ofrecer informaci=C3=B3n fiable, entend=
ible a la mujer embarazada, sin que esta informaci=C3=B3n, adem=C3=A1s, sea=
utilizada como una forma de manipular la voluntad de la gestante, sea a fa=
vor o en contra de interrumpir el embarazo. Todo ello, adem=C3=A1s, ligado =
al tiempo, a los plazos, que el TEDH ca=
racteriza de =E2=80=9Cimportancia cr=C3=ADtica=E2=80=9D.
El TEDH ha sido meridianamente claro respecto de que l=
a legislaci=C3=B3n interna debe regular los procedimientos relativos a la a=
utorizaci=C3=B3n de una IVE en unos tiempos ajustados, que no lo conviertan=
en una intervenci=C3=B3n fuera de plazo o innecesariamente invasiva en el =
cuerpo de la mujer, que pueda llegar a implicar un problema para su salud. =
Si estas garant=C3=ADas temporales no se cumplen, el Estado estar=C3=A1 tam=
bi=C3=A9n incumpliendo sus obligaciones positivas. As=C3=AD lo afirm=C3=B3 =
el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia Tysia=C3=A7 contra Polonia, de 20 de marzo de 2007. La recurrente se qued=
=C3=B3 embarazada por tercera vez. Padec=C3=ADa desde hac=C3=ADa a=C3=B1os =
una miop=C3=ADa severa, que, seg=C3=BAn los 3 oftalm=C3=B3logos a los que c=
onsult=C3=B3, se pod=C3=ADa agravar sustancialmente si llevaba su embarazo =
adelante; de hecho, afirmaban que exist=C3=ADa un peligro real de desprendi=
miento de retina. Sin embargo, los mismos m=C3=A9dicos se negaron a emitir =
un certificado de interrupci=C3=B3n del embarazo por motivos terap=C3=A9uti=
cos, a pesar de las peticiones de la demandante en este sentido. La demanda=
nte tambi=C3=A9n consult=C3=B3 a un m=C3=A9dico de cabecera, que emiti=C3=
=B3 un certificado en el que se indicaban los riesgos a los que la expon=C3=
=ADa su embarazo, tanto por los problemas en su retina como por las consecu=
encias de que volviera a dar a luz tras dos partos anteriores por ces=C3=A1=
rea. Al segundo mes de embarazo, la miop=C3=ADa de la demandante ya se hab=
=C3=ADa deteriorado considerablemente en ambos ojos. Fue examinada por el j=
efe del servicio de ginecolog=C3=ADa y obstetricia de un hospital p=C3=BAbl=
ico, que no encontr=C3=B3 motivos m=C3=A9dicos para practicar un aborto ter=
ap=C3=A9utico. Por tanto, la demandante no pudo interrumpir su embarazo y d=
io a luz a su tercer hijo por ces=C3=A1rea. Tras el parto, su vista se dete=
rior=C3=B3 a=C3=BAn m=C3=A1s como consecuencia de una hemorragia retiniana.=
Tambi=C3=A9n se le inform=C3=B3 de que, como las alteraciones de su retina=
estaban en una fase muy avanzada, no pod=C3=ADan corregirse mediante cirug=
=C3=ADa. Un grupo de m=C3=A9dicos lleg=C3=B3 a la conclusi=C3=B3n de que su=
estado requer=C3=ADa tratamiento y asistencia diaria y la declar=C3=B3 dis=
capacitada severa. De estos hechos, al amparo del respeto a la vida privada=
del art. 8 CEDH, el Tribunal Europeo extrajo la necesidad de garant=C3=ADa=
s procesales tambi=C3=A9n cuando surge un desacuerdo sobre si se cumplen la=
s condiciones previas para un aborto legal en un caso determinado, ya sea e=
ntre la mujer embarazada y sus m=C3=A9dicos, o entre los propios m=C3=A9dic=
os. En tales situaciones, las disposiciones legales aplicables deben formul=
arse de manera que se garantice la posi=
ci=C3=B3n legal de la mujer embarazada y se alivie el efecto disuasorio que=
la prohibici=C3=B3n legal del aborto y el riesgo de responsabilidad penal pueden tener sobre los m=C3=A9dicos. Un=
a vez que el legislador ha =
; decidido p=
ermitir el&#=
xa0; aborto, el marco=
jur=C3=ADdico debe facilitar la existencia de un organismo independiente y competente capaz de emitir una decisi=C3=
=B3n motivada por escrito despu=C3=A9s de haber dado a la madre la oportuni=
dad de presentar alegaciones, y siempre en un plazo que garantice la posibi=
lidad real de llevar a cabo la IVE. De lo contrario, los estados incumplen =
sus obligaciones positivas del Estado. En su sentencia A, B y C c. Irlanda, de 16 de diciembre de 2010, de Gran Sala, el TEDH recon=
oci=C3=B3 el amplio margen de apreciaci=C3=B3n del que disponen los Estado =
respecto de la regulaci=C3=B3n de la IVE. Sin embargo, respecto de la =
tercera <=
/span>demandante concluy=C3=B3 que las auto=
ridades <=
/span>incumplieron su obligaci=C3=B3n positiva de garantizar de forma efectiva el derecho a la vida privada debido a l=
a ausencia de una norma que proporcionara un procedimiento accesible y efic=
az mediante el cual hubiera podido determinar si se encontraba en uno de lo=
s escasos supuestos en los que, en aquel momento[21], el ordenamiento jur=C3=ADdico i=
rland=C3=A9s permit=C3=ADa una IVE legal.
En lo relativo a la informaci=C3=B3n, en el a=
sunto R. R. =
c. Polonia, el TEDH determinaba=
que el acceso a la informaci=C3=B3n adecuada sobre la propia salud, en cas=
o de embarazo el tambi=C3=A9n incluye la informaci=C3=B3n sobre la salud de=
l feto. Esta informaci=C3=B3n es condici=C3=B3n necesaria para, en su caso,=
tomar una decisi=C3=B3n sobre una posible IVE. Si la legislaci=C3=B3n naci=
onal permite el aborto en caso de malformaci=C3=B3n del feto, debe existir =
un marco jur=C3=ADdico y procesal adecuado para garantizar que las mujeres =
embarazadas dispongan de informaci=C3=B3n pertinente, completa y fiable sob=
re la salud del feto.
En la sentencia P. y S. c. Polonia, 30 de octubre de 2012, en relaci=
=C3=B3n con el art. 8 CEDH, el Tribunal=
afirm=C3=B3 que el personal sanitario que intervino en el caso de la deman=
dante, una menor, ofrecieron informaci=C3=B3n enga=C3=B1osa y contradictori=
a. No recibieron un asesoramiento m=C3=A9dico adecuado y objetivo que tuviera en cuenta la <=
span style=3D"font-family:Garamond">posici=C3=B3n de la gestante. De nuevo, Estrasburgo conc=
luy=C3=B3 que los acontecimientos que=
rodearon la determinaci=C3=B3n del acceso a una IVE legal se vieron empa=
=C3=B1ados por la dilaci=C3=B3n y la confusi=C3=B3n. Todo ello supuso una v=
ulneraci=C3=B3n del derecho a la vida privada del art. 8 CEDH puesto qued=
=C3=B3 directamente afectado el ejercicio de la autonom=C3=ADa personal en =
relaci=C3=B3n con la decisi=C3=B3n de convertirse en madre como de no hacerlo[22].
La objeci=C3=B3=
n de conciencia sanitaria ante la pr=C3=A1ctica de IVEs
Como se dijo m=C3=A1s arriba, la LOIVE recono=
ce el derecho a la objeci=C3=B3n de conciencia de aquel personal sanitario =
que deba ser parte en una IVE. El Comit=C3=A9 de Derechos Econ=C3=B3micos,<=
/span> Sociales
=
0; y Cultura=
les (en =
; adelante, Comit=C3=A9 DESC), ha recomendado a=
Espa=C3=B1a que establezca un mecanismo apropiado para asegurar que el eje=
rcicio de la objeci=C3=B3n de conciencia no sea un obst=C3=A1culo al moment=
o de acceder servicios de salud, particularmente la interrupci=C3=B3n volun=
taria del embarazo (en Observaciones finales sobre el sexto informe peri=C3=B3d=
ico de Espa=C3=B1a (2018)<=
span style=3D"font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000">[23].
Esta preocupaci=C3=B3n no es infundada ya que, como han puesto de m=
anifiesto recientes investigaciones, el derecho a objetar frente a la pr=C3=
=A1ctica de IVEs se ha convertido, en algunas partes del territorio espa=C3=
=B1ol, en un obst=C3=A1culo, cuando no un impedimento total, para que las m=
ujeres puedan ejercer un derecho legalmente reconocido en los supuestos pre=
vistos en la LO 2/2010[24]=
. Lo cierto es que no existe&#x=
a0; un Regis=
tro de =
personal sa=
nitario objetor y, en muchos centros, ning=C3=BAn <=
span style=3D"font-family:Garamond">profesional ha manif=
estado expresamente y por escrito su negativa a realizar IVEs en el momento=
que son requeridos para hacerlo. Por ello, adem=C3=A1s de por otros factor=
es, los datos con los que cuenta en Min=
isterio de Sanidad resultan altamente cuestionables, incompletos y, seguram=
ente sesgados.
En esta tabla, elabor=
ada por el Ministerio de Sanidad con datos de 2020[25], se observa c=C3=B3mo hay comunidades aut=C3=
=B3nomas en las que en los hospitales p=C3=BAblicos no se ha practicado nin=
guna IVE, siendo derivadas, todas, a centros sanitarios privados:
![3D""](=3D"image.002.png")
En su informe =E2=80=9CEl acceso a=
l aborto en el Estado espa=C3=B1ol: principales barreras=E2=80=9D, la Assoc=
iaci=C3=B3 de Drets Sexuals i Reproductius, pone de manifiesto que unas 5.1=
44 mujeres tuvieron que desplazarse durante el 2019 fuera de su provincia p=
ara que le practicaran una IVE legal, sin que, adem=C3=A1s, la Administraci=
=C3=B3n se hiciera cargo de los gastos[26]. Ante la falta de transparencia, algunos medios han realiz=
ado reportajes en los que se pone de manifiesto como la regi=C3=B3n de Murc=
ia se ha convertido un territorio en el que se practica una suerte de o=
bjeci=C3=B3n de conciencia generalizada respecto de la IVE en sus centros sanitarios[27]. Una de las v=C3=ADctimas de esta pol=C3=ADtica=
es Antonia, una mujer a la que durante casi cuatro semanas el servicio p=
=C3=BAblico de salud murciano neg=C3=B3 informaci=C3=B3n sobre la grave inc=
ompatibilidad con la vida extrauterina que sufr=C3=ADa el feto, lo que impi=
di=C3=B3 =
que accediera a una interrupci=
=C3=B3n del embarazo en condiciones dignas. Antonia puso su caso en manos d=
e Women=E2=80=99s Link[28]=
, que decidi=C3=B3 demandar al Servicio de Salud de Murcia por vulnerar el =
derecho a un aborto digno. En el momento de finalizar estas p=C3=A1ginas, s=
e encuentra concluso listo para sentencia el recurso de amparo presentado p=
or Antonia y sus representantes por vulneraci=C3=B3n de los arts. 15, 18, 2=
4 y 14 CE. <=
/p>Volviendo al informe=
=E2=80=9CEl acceso al aborto en el Estado espa=C3=B1ol: principales barrer=
as=E2=80=9D, el an=C3=A1lisis emp=C3=ADrico de la realidad entorno a la pr=
=C3=A1ctica de las IVEs es que en determinadas provincias no existen ni hos=
pitales p=C3=BAblicos ni privados vinculados a la red p=C3=BAblica a los qu=
e las mujeres puedan acudir. La objeci=C3=B3n de conciencia del personal sa=
nitario se ejerce de forma subrepticia y generalizada, sin cumplir con los =
requisitos de objeci=C3=B3n expresa, previa y por escrito, por lo que la mu=
jer se encuentra ante situaciones de total indefensi=C3=B3n de sus derechos=
, en una situaci=C3=B3n, adem=C3=A1s, de vulnerabilidad.
En este =C3=A1mbito, la STC 145/2015 caus=C3=B3 enorme=
indignaci=C3=B3n, tambi=C3=A9n jur=C3=ADdica, puesto que, como se dec=C3=
=ADa, admiti=C3=B3 que los farmac=C3=A9uticos pudieran ejercer el derecho a=
la objeci=C3=B3n de conciencia respecto de la venta de la llamada p=C3=ADl=
dora del d=C3=ADa despu=C3=A9s. Y ello, pese a que la Constituci=C3=B3n solo recoge este derecho respecto del servi=
cio militar obligatorio en el art 30.2 CE. Concretamente, la sentencia decl=
ara que el derecho a la objeci=C3=B3n de conciencia es producto del derecho=
fundamental a la libertad ideol=C3=B3gica (art. 16 CE) y, desde esta persp=
ectiva, existe una duda razonable sobre los posibles efectos abortivos de l=
a p=C3=ADldora del d=C3=ADa despu=C3=A9s, al no existir unanimidad en las p=
osiciones cient=C3=ADficas al respecto. Ello justifica que el recurrente, e=
n virtud de sus convicciones religiosas sobre el derecho a la vida, no haya=
dispuesto del medicamento. Adem=C3=A1s, no existe ninguna circunstancia qu=
e permita colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos a=
nticonceptivos estuviese obstaculizado, puesto que la dispensaci=C3=B3n de =
la p=C3=ADldora se encontraba disponible en otras oficinas farmac=C3=A9utic=
as cercanas a la farmacia del recurrente. Como puede verse, la libertad ide=
ol=C3=B3gica y las creencias religiosas del farmac=C3=A9utico prevalecieron=
sin quiebra sobre los derechos de la mujer. Traigo aqu=C3=AD las palabras de Mar=C3=ADa Jos=C3=A9 Corchete Mart=
=C3=ADn quien afirma =E2=80=9C[c]iertamente, con su pronunciamiento el TC r=
elega el derecho a la salud y a la libertad sexual de la mujer a un segundo=
plano a trav=C3=A9s no de un juicio de razonabilidad estrictamente jur=C3=
=ADdico constitucional, sino a trav=C3=A9s de un juicio ideol=C3=B3gico m=
=C3=A1s propio de otras sedes=E2=80=9D[29]. M=C3=B3nica Navarro se=C3=B1ala que, en contra de lo que =
pudiera pensarse de la lectura de esta sentencia el TC, la objeci=C3=B3n de=
conciencia no deriva del art. 16 CE y que, en su caso, su ejercicio requer=
ir=C3=ADa de una regulaci=C3=B3n legal para poder ser ejercida[30]<=
/a>.
En este contexto no est=C3=A1 de m=C3=A1s recordar que el TEDH en los =
casos ya citados ha admitido que las legislaciones internas que permitan la=
IVE, para hacer compatibles los derechos de las gestantes con los derechos=
de conciencia del personal sanitario, pueden reconocer el derecho a la obj=
eci=C3=B3n de conciencia a practicar IVEs. Los Estado siguen estando obliga=
dos a organizar su sistema de servicios de salud que garantice que el ejerc=
icio efectivo de la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios =
no impida que las pacientes obtengan el acceso a los servicios a los que ti=
enen derecho en virtud de la legislaci=C3=B3n aplicable (R.R. c. Polonia, antes citada). As=C3=AD, la objeci=C3=B3n de=
conciencia debe formularse por escrito y debe quedar registrada, e incorpo=
ra para =
m=C3=A9dico la obligaci=C3=B3n =
de remitir a la paciente =
a otro
profesional. =
; Por =C3=BA=
ltimo, &=
#xa0;el Trib=
unal Europeo advierte de que=
no to=
da prueba relacionado con el embarazo (pruebas gen=C3=A9=
ticas, por ejemplo) implica la pr=C3=A1ctica de una IVE, por la que solo ca=
br=C3=A1 objetar respecto de esta concreta pr=C3=A1ctica.
- NOTA FINAL
La IVE est=C3=A1 siempre inmersa en debates que van m=C3=A1s a=
ll=C3=A1 del Derecho. Sin embargo, no resulta balad=C3=AD recordar que las =
mujeres somos titulares de derechos fundamentales, mientras que el <=
span style=3D"font-family:Garamond; font-style:italic">nasciturus es un bien constitucional a proteger per=
o que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jur=C3=ADdico, al no ser una per=
sona, no es titular de derechos fundamentales. Estos derechos b=C3=A1sicos =
no deber=C3=ADan quedar al albur de mayor=C3=ADas pol=C3=ADticas, en ningun=
a instituci=C3=B3n, ni bajo otros par=C3=A1metros que no sean los estrictam=
ente jur=C3=ADdicos. La IVE debe ser reconocida como un derecho reproductiv=
o de la mujer, que le permita decidir libre e informadamente sobre su deseo=
de convertirse en madre o no, una deci=
si=C3=B3n que condiciona su futuro personal, f=C3=ADsico, profesional, fami=
liar y econ=C3=B3mico. Nuestra autodeterminaci=C3=B3n y desarrollo debe pas=
ar por nuestra decisi=C3=B3n libre, como sujetos de derechos que somos.
<=
div style=3D"clear:both">1
[1] Vid., RODR=C3=8DGUEZ RUIZ, Blanca y=
RUBIO-MAR=C3=8DN, Ruth (200/): =E2=80=9CDe paridad, igualdad y representac=
i=C3=B3n en el Estado democr=C3=A1tico=E2=80=9D, Revista espa=C3=B1ola =
de derecho constitucional, vol. 27, N=C2=B0 81, 2007, pp. 115-159.
[2]Estado y educaci=C3=B3n en la Espa=C3=B1a libe=
ral (1809-1857). Un sistema educativo nacional (Barcelona), pp. 104-105. Como se=C3=B1ala =
el autor, en la Constituci=C3=B3n de 1812 la etapa de las primeras letras s=
e entend=C3=ADa como el cimiento sobre el que construir el resto del sistem=
a educativo. En este sentido, este empe=C3=B1o por garantizar la instrucci=
=C3=B3n p=C3=BAblica universal, sobre todo en los niveles educativos inicia=
les, supuso una diferencia remarcable respecto del contexto europeo en el q=
ue se hab=C3=ADa impuesto el modelo Napole=C3=B3nico, algo alejado de las i=
deas revolucionarias tambi=C3=A9n en materia educativa, en el que las prime=
ras letras estaban pensadas esencialmente para las clases populares a las q=
ue deb=C3=ADa ofrecerse unos pocos rudimentos de saber, mientras que era la=
educaci=C3=B3n secundaria y universitaria, dirigida a las =C3=A9lites, don=
de se iban a centrar los esfuerzos del Estado
[3] Cfr. QUERALT JIM=C3=89NEZ, Argelia (2014): =E2=80=9CLos or=C3=ADgene=
s del derecho a la educaci=C3=B3n como instrumento de formaci=C3=B3n c=C3=
=ADvica del pueblo espa=C3=B1ol=E2=80=9D, en REVENGA S=C3=81NCHEZ, Miguel y=
BIGLINO CAMPOS, M. Paloma (eds.), Las huellas de la Constituci=C3=B3n =
de C=C3=A1diz (=
Tirant Lo Blanch, Asociaci=C3=B3n de Constitucionalistas de Espa=C3=B1a), p=
. 344.
[4] En profundidad, I. G=C3=93MEZ FERN=C3=81NDEZ (2017), Una constituyente feminista: =C2=BFC=
=C3=B3mo reformar la Constituci=C3=B3n con perspectiva de g=C3=A9nero? (Fundaci=C3=B3n Man=
uel Gim=C3=A9nez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Auton=C3=B3mi=
co, Marcial Pons)
[6] S=
TC 70/1985; STC 212/1996.
[7]<=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt"> Sobre el debate concep=
tual actual, en t=C3=A9rminos comparados, resulta muy recomendable la lectu=
ra de B. RODR=C3=8DGUIEZ RUIZ (2019): =E2=80=9CCuerpos y autonom=C3=ADa &#=
xa0;relacional.=
=
Prospectivas desde el aborto=E2=80=9D, en RODR=C3=8DGUEZ RUIZ (ed.), Autono=
m=C3=ADa, g=C3=A9nero y Derecho. Debates en tornos al cuerpo de las mujeres=
(Tirant Lo Bla=
nch), pp. 19 y ss.
[8] Sobre esta sentencia <=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt; letter-spacing:0.15pt">=
NAVARROMICHEL, =
M=C3=B3nica (2015): =E2=80=9C=C2=BFObjeci=C3=B3n de conciencia de los farma=
c=C3=A9uticos? Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/20=
15, de 25 de junio=E2=80=9D, Revista de Bio=C3=A9tica y Derecho<=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt">, N=C2=B0 35, pp. 132 s=
s.
=
[9] La LOIVE fue modificada por la ley Org=C3=A1nica 11/2015, de 21 d=
e septiembre, para reforzar la protecci=C3=B3n de las menores y mujeres con=
capacidad modificada judicialmente en la interrupci=C3=B3n voluntaria del =
embarazo. =
[10] Desarrollada por Real Decreto 825/2010, de 25 de junio,=
de desarrollo parcial de la Ley Org=C3=A1nica 2/2010, de 3 de marzo, de sa=
lud sexual y reproductiva y de la interrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo=
.
[11] QUERALT JIM=C3=89NEZ, Joan J. (2011): =E2=80=9CLa regulaci=C3=B3n del aborto e=
n Espa=C3=B1a tras la ley org=C3=A1nica 2/2010=E2=80=9D, en La Ley Pena=
l, N=C2=BA 81, =
Secci=C3=B3n Legislaci=C3=B3n aplicada a la pr=C3=A1ctica, Editorial LA LEY=
. =
[12] Ibid.. Llama la atenci=C3=B3n, no obstante, de que en su opini=
=C3=B3n la libertad de la mujer como titular de dicho derecho no se reconoc=
e con la suficiente intensidad frente al bien jur=C3=ADdico protegido, el n=
asciturus. =
;
[13] ESPA=C3=91A: C=C3=B3digo Penal: arts. 144-145bis: respo=
nsabilidad penal aborto sin consentimiento o IVE fuera de los supuestos
[14] El consentimiento ha de ser expreso y =
por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, =
de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, B=C3=A1sica Reguladora=
de la Autonom=C3=ADa del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia =
de informaci=C3=B3n y documentaci=C3=B3n cl=C3=ADnica.
[15] La obligatoriedad de este periodo de reflexi=C3=B3n y el=
asesoramiento necesario ha sido criticada por parte de la doctrina por con=
siderar que supone no tratar a la mujer como un sujeto en pleno uso de sus =
capacidades; por todas, cfr. Encarna BODEL=C3=93N GONZ=C3=81LEZ y Noelia IGAREDA G=
ONZ=C3=81LEZ, El estado de la cuesti=C3=B3n de los derechos sexuales y =
reproductivos en Catalunya y su relaci=C3=B3n con las pol=C3=ADticas p=C3=
=BAblicas catalanas, 2019, p. 37.
[16] SSTC 120/1990, FJ8; 215/199=
4, FJ4; 35/1996, FJ3; 207/1996, FJ2; 119/2001, FJ 5.
[18]=
STC 37/2011, FJ 5=
. =
[21] En 2018, se ce=
lebr=C3=B3 en Irlanda un refer=C3=A9ndum que facilit=C3=B3 la derogaci=C3=
=B3n de una de las normativas sobre la IVE m=C3=A1s restrictivas de Europa,=
ya que =C3=BAnicamente permit=C3=ADa esta pr=C3=A1ctica en caso de riesgo =
para la vida de la madre, pero no en casos de violaci=C3=B3n, incesto o ano=
mal=C3=ADas fetales fatales.
[22]=
Tambi=C3=A9n, entre los instrumentos&#=
xa0; a los que el ordenamiento jur=
=C3=ADdico =
; espa=C3=B1ol<=
/span> y sus operadores debe=
n conformidad en la interpretaci=C3=B3n de los derechos fundamentales de ac=
uerdo con el art. 10. 2 CE, es el art. 16
e) de la Convenci=C3=B3n sobre l=
a Eliminaci=C3=B3n de toda forma de Discriminaci=C3=B3n contra la Mujer (CE=
DAW) que
incluye el derecho a tener acceso a la informaci=C3=B3n, la educ=
aci=C3=B3n y los medios que les permitan ejercer estos derechos [en relaci=
=C3=B3n con su reproducci=C3=B3n]; se menciona expresamente, que el derecho=
a recibir informaci=C3=B3n adecuada incluye informaci=C3=B3n sobre la inte=
rrupci=C3=B3n voluntaria del embarazo. Por su parte, la segunda edici=C3=B3n del d=
ocumento de la OMS =E2=80=9CAborto sin riesgos: gu=C3=ADa t=C3=A9cnica y de=
pol=C3=ADtica para sistemas de salud=E2=80=9D (2012), afirma que =E2=80=9C=
las mujeres tienen el derecho de estar totalmente informadas sobre sus opci=
ones para la atenci=C3=B3n m=C3=A9dica por personal adecuadamente capacitad=
o, incluida la informaci=C3=B3n sobre los beneficios probables y los efecto=
s adversos potenciales de los procedimientos propuestos y las alternativas =
disponibles. Censurar, ocultar o distorsionar intencionalmente la informaci=
=C3=B3n sobre los servicios de aborto puede traer como consecuencia la falt=
a de acceso a los servicios o demoras, que aumentan los riesgos para la sal=
ud de la mujer. La provisi=C3=B3n de informaci=C3=B3n es una parte fundamen=
tal de los servicios de aborto de buena calidad=E2=80=9D.
[23] El Comit=C3=A9 examin=C3=B3 el sexto informe peri=C3=
=B3dico de Espa=C3=B1a (E/C.12/ESP/6) en sus sesiones 16=C2=AA y 17=C2=AA (=
v=C3=A9anse E/C.12/SR.16 y 17), celebradas los d=C3=ADas 21 y 22 de marzo d=
e 2018. En su 28=C2=AA sesi=C3=B3n, celebrada el 29 de marzo de 2018, aprob=
=C3=B3 las observaciones finales. Tambi=C3=A9n, en su Comentario general (n=
=C2=BA 14, 2000) sobre el art=C3=ADculo 12 del Pacto de las Naciones Unidas=
sobre los Derechos Econ=C3=B3micos, Sociales y Culturales, que trata del d=
erecho al nivel m=C3=A1s alto de salud posible, el Comit=C3=A9 de Derechos =
Econ=C3=B3micos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la libertad se=
xual y reproductiva, al acceso a la educaci=C3=B3n y a la informaci=C3=B3n =
sobre salud sexual y reproductiva, as=C3=AD como la disponibilidad, accesib=
ilidad, aceptabilidad y calidad de las instalaciones sanitarias, bienes y s=
ervicios.
[24] De hecho, la objeci=C3=B3n=
de conciencia del personal sanitario se ha convertido en una barrera real =
en muchos pa=C3=ADses en los que existe el aborto legal; cfr. Soledad DEZA =
(2017): =E2=80=9DObjeci=C3=B3n de conciencia y aborto: creencias propias, v=
iolencias ajenas=E2=80=9D, Revista de bio=C3=A9tica y Derecho, <=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt">N=C2=B0 39, pp. 23-52, =
con una perspectiva centrada en Argenina; con una mirada m=C3=A1s global, <=
/span>Z=
AMPAS, C y ANDI=C3=93N-IBA=C3=91EZ, X. (2012): =E2=80=9CConscientious objec=
tion to sexual and reproductive health services:&#=
xa0; international human rights standards and =
European law and practice=E2=80=9D, Europea=
n Journal on Health Law, vol. 19, N=C2=B0 3, pp. 231-56.
[25] Estos y otros datos pueden encontrarse en h=
ttps://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo=
/tablas_figuras.htm#Ta bla1
[2=
9] CORCHETE=
MART=C3=8DN, Mar=C3=ADa J. (2018): =E2=80=9CLa objeci=C3=B3n de conciencia=
y el derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer. A prop=C3=B3sit=
o de la STC 145/2015, de 15 de julio, sobre la objeci=C3=B3n de conciencia =
de los farmac=C3=A9uticos: =C2=BFjuicio de razonabilidad o juicio pol=C3=AD=
tico?=E2=80=9D, Revista Espa=C3=B1ola de Derecho Constitucional<=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:11pt">, N=C2=B0112, pp. 345-3=
73.
[30] NAVARRO MICHEL, M=C3=B3nica (201=
5): =E2=80=9C=C2=BFObjeci=C3=B3n de conciencia de los farmac=C3=A9uticos? C=
omentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/2015, de 25 de jun=
io=E2=80=9D, Revista de Bio=C3=A9tica y Derecho, N=C2=B0 35, pp. 132 ss.