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=
=
IUSTITIA et PUL=
CHRITUDO (ISSN 1607-4319) Vol. 03, No=
. 02, Julio =E2=80=93 Diciembre 2022 pp. 94 - 100
La jur=
isprudencia paname=C3=B1a ante el marco regulatorio para la esterilizaci=C3=
=B3n femenina: comentarios a la sentencia de 10 de
<=
span style=3D"font-family:Garamond; font-size:24pt; font-weight:bold">septi=
embre de 2020=EF=80=AA
Dra. Lina Vega Abad=
=EF=81=B9
*Autor para Corr=
espondencia. E-mail:&=
#xa0;lvegaabad@gmail.com
Recibido: 06 de =
diciembre de 2022 <=
/span>________________=
_____________________________________________________________________
- IN=
TRODUCCI=C3=93N
El 10 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia declar=
=C3=B3 que no eran inconstitucionales el art=C3=ADculo 3 y el numeral 2 del<=
span style=3D"font-family:Garamond"> art=C3=ADculo 4 de la Ley 7 de 2013 que establece el marco regulatorio para la=
esterilizaci=C3=B3n femenina, rechazando as=C3=AD los argumentos esgrimido=
s por la abogada Hayd=C3=A9e M=C3=A9ndez Illueca quien, al presentar una Ac=
ci=C3=B3n de Inconstitucionalidad, aleg=C3=B3 que las normas citadas violab=
an preceptos constitucionales que protegen garant=C3=ADas fundamentales, as=
=C3=AD como convenios internacionales ratificados por Panam=C3=A1. <=
/p>El citado fallo produjo una gran pol=C3=A9mica en el pa=C3=ADs, al apuntalar la inequidad de g=C3=A9nero y=
la desigualdad en un tem=
a tan vital como los derechos reproductivos de las mujeres. Las tres magist=
radas que forman parte del pleno de la Corte Suprema expresaron un voto en =
contra de la posici=C3=B3n mayoritaria.
![3D""](3D"image.001.png")
El an=C3=A1lisis de la=
singular sentencia permite profundizar en el desigual trato que hist=C3=B3=
ricamente le ha dado el Derecho a la mujer basado en su condici=C3=B3n biol=
=C3=B3gica, un tema que formaba parte fundamental
=EF=80=AA Acci=C3=B3n de Inconstitucionalidad presentada p=
or la Licenciada Hayd=C3=A9e M=C3=A9ndez Illueca para que se declaren incon=
stitucionales el art=C3=ADculo 3 y el numeral 2 del art=C3=ADculo 4 de la L=
ey 7 de 6 de marzo de 2013 =E2=80=9CQue establece el marco regulatorio para la este=
rilizaci=C3=B3n femenina=E2=80=9D, Entrada No. 1208-10, Magistrado Ponente =
Jos=C3=A9 E. Ay=C3=BA Prado C.
=EF=81=B9 Lice=
nciada en Derecho y Ciencias Pol=C3=ADticas (Universidad de Panam=C3=A1); D=
iplomado en Ciencia Pol=C3=ADtica (Centro de Estudios Constitucionales de M=
adrid); Doctora en Derecho P=C3=BAblico (Universidad Complutense de Madrid)=
. Actualmente es columnista del diario La Prensa y Presidenta de la Junta D=
irectiva de la Fundaci=C3=B3n para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana =
=E2=80=93 Cap=C3=ADtulo paname=C3=B1o de Transparencia Internacional. Miemb=
ro de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y del Ce=
ntro de Iniciativas Democr=C3=A1ticas (CIDEM). Ejerci=C3=B3 como periodista de investigaci=C3=B3n y=
editora de opini=C3=B3n en el diario La Prensa, ocupando la jefatura de va=
rias secciones del diario.
de lo=
s estudios, desvelos y pasiones de la Dra. Ana S=C3=A1nchez Urrutia, cuya m=
emoria honramos en este ejemplar de Iustitia et Pulchritudo. <=
/span>
- LA CONTROVERSIA
La Ley 7 de 5 de marzo de 2013 regula en Panam=C3=A1 los procesos de esterilizaci=
=C3=B3n femenina, exigiendo una serie de requisitos que deben ser cumplidos=
para que el procedimiento pueda ser realizado de forma gratuita en las ins=
talaciones p=C3=BAblicas de salud. El art=C3=ADculo 3 de dicha Ley establec=
e como requisitos que la mujer tenga 23 a=C3=B1os y haber tenido ya dos hij=
os. Por otro lado, el numeral 2 del art=C3=ADculo 4 de la misma ley a=C3=B1=
ade la exigencia de una recomendaci=C3=B3n m=C3=A9dica para que se pueda ha=
cer el procedimiento. En sentido contrario, el art=C3=ADculo 8 de la Ley 7 =
determina que los hombres solo requieren tener mayor=C3=ADa de edad (18 a=
=C3=B1os), para someterse al procedimiento de esterilizaci=C3=B3n gratuita =
en el sistema p=C3=BAblico de salud.
Esta realidad j=
ur=C3=ADdica que establece diferente tratamiento para hombres y mujeres fre=
nte a un mismo derecho, provoc=C3=B3 la acci=C3=B3n de inconstitucionalidad=
presentada por la abogada M=C3=A9ndez Illueca, quien argument=C3=B3 que la=
Ley 7 violaba los art=C3=ADculos 4, 17, 19, 20, 109, 110 y 112 de la Const=
ituci=C3=B3n Pol=C3=ADtica, as=C3=AD como los principios y normas de la Con=
venci=C3=B3n Americana sobre la eliminaci=C3=B3n de todas las formas de dis=
criminaci=C3=B3n contra la mujer (CEDAW), la Convenci=C3=B3n Interamericana=
para prevenir, sancionar y
=
0; erradicar la violencia contra la mujer (Bel=C3=A9n de Para), el Pacto Internacional de Derechos Econ=C3=B3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, entre otros convenios internacion=
ales ratificados por Panam=C3=A1.
Los art=C3=ADculos constitucionales que se alegan violados establecen la obligaci=C3=B3n de=
acatar las normas de Derecho Internacional (art. 4); el deber de las autor=
idades de asegurar la efectividad de los derechos, estableciendo adem=C3=A1s
que =C3=A9stos as=C3=AD =
; como las garant=C3=ADas que establece la Constituci=C3=B3n deben considerarse como m=C3=ADnimos (art. 17); la prohibici=C3=B3n a<=
span style=3D"font-family:Garamond"> la existencia de fueros, privilegios o disc=
riminaci=C3=B3n (art.19); la igualdad ante la ley (art. 20); el deber del E=
stado de velar por la salud (art. 109 y 110), as=C3=AD como el deber de est=
ablecer una pol=C3=ADtica de poblaci=C3=B3n (art 112).
Con relaci=C3=B3n a los convenios internacionales, la abo=
gada M=C3=A9ndez Illueca cit=C3=B3 en especial el art=C3=ADculo 1 de la CED=
AW, convenio ratificado por Panam=C3=A1 en 1981, que define la expresi=C3=
=B3n =E2=80=9Cdiscriminaci=C3=B3n contra la mujer=E2=80=9D, como =E2=80=9Ct=
oda la distinci=C3=B3n, exclusi=C3=B3n o restricci=C3=B3n basada en el sexo=
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimien=
to, goce
=
0; o ejercic=
io por =
la mujer, i=
ndependientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos =
y las libertades fundamentales en las esferas pol=C3=ADtica, econ=C3=B3mica=
. social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera=E2=80=9D.[1]
La accionante vincul=C3=B3 lo establecido=
en el texto citado de la CEDAW, con el=
art=C3=ADculo 19 de la Constituci=C3=B3n que proh=C3=ADbe la existencia de=
fueros, privilegios o discriminaci=C3=B3n por raz=C3=B3n de raza, nacimien=
to, discapacidad, clase social, sexo, religi=C3=B3n o ideas pol=C3=ADticas.=
El alegato de la abogada incluy=C3=B3 tambi=C3=A9n un an=C3=A1lisis de la =
Ley 4 de 1999 =E2=80=9Cpor la cual se Instituye la igualdad de Oportunidade=
s para las Mujeres=E2=80=9D[2], que se fundamenta en los principios de condena a todo tipo de violencia=
contra las mujeres contemplada en la Convenci=C3=B3n Interamericana para P=
revenir, Erradicar y Sancionar toda Clase de Violencia contra la Mujer, y q=
ue obliga a proteger a este sector social de los actos violentos y violator=
ios de los derechos humanos, y cuyo art=C3=ADculo 1, numeral 3 define la Vi=
olencia de G=C3=A9nero como formas que perpet=C3=BAan la dicotom=C3=ADa ent=
re las mujeres y los hombres y provoca la imposibilidad =
de que las mujeres disfruten de los derechos y libertades sobre la base de =
la igualdad con los hombres.
Finalmente, la demandante argument=C3=B3 que la existencia=
de diferente tratamiento entre hombres y mujeres en materia de esterilizac=
i=C3=B3n, as=C3=AD como entre las mujeres que pueden acudir a las cl=C3=ADn=
icas privadas y aquellas que por su vulnerabilidad social solo pueden utili=
zar el servicio p=C3=BAblico de salud, constituye una abierta violaci=C3=B3=
n a las normas constitucionales que establecen el deber estatal de ofrecer =
servicios de salud a su poblaci=C3=B3n y establecer pol=C3=ADticas de pobla=
ci=C3=B3n en igualdad de condiciones.
- OPINI=C3=93N DE=
PROCURADUR=C3=8DA GENERAL DE LA NACI=C3=93N
La vista=
fiscal de la Procuradur=C3=ADa General coincidi=C3=B3 con la demandante, a=
l determinar que los art=C3=ADculos 3 y numeral 2 del art=C3=ADculo 4 de la=
Ley 7 de 2013, violan garant=C3=ADas constitucionales, as=C3=AD como oblig=
aciones emanadas de convenciones internacionales ratificadas por Panam=C3=
=A1, al establecer requisitos distintos para hombres y mujeres para ser est=
erilizados en el sistema p=C3=BAblico de salud.
<=
span style=3D"font-family:Garamond">Para la Procuradur=C3=ADa de la Naci=C3=
=B3n, la diferencia del tratamiento entre hombres y mujeres constituye una =
clara violaci=C3=B3n tanto del art=C3=ADculo 19 de la Constituci=C3=B3n ya =
citado, como de los principios de igualdad y no discriminaci=C3=B3n que hac=
en parte de la Declaraci=C3=B3n Universal de Derechos Humanos, la Convenci=
=C3=B3n Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derech=
os Civiles y Pol=C3=ADticos.
Como=
sustento a su alegato, adem=C3=A1s, la Procuradur=C3=ADa de la Naci=C3=B3n=
cita dos art=C3=ADculos de la Ley 4 de 1981 (que aprueba la CEDAW):
=E2=80=9CArt=C3=ADc=
ulo 12
1.Los Estados parte adoptar=C3=
=A1n todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci=C3=B3n cont=
ra la mujer en la esfera de la atenci=C3=B3n m=C3=A9dica a fin de asegurar,=
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios =
de atenci=C3=B3n m=C3=A9dica, inclusive los que se refieren a la planificac=
i=C3=B3n familiar=E2=80=9D.
=
0;
=E2=80=9CA=
rt=C3=ADculo 16
Los estados parte adoptar=C3=A1n todas las medidas adecuadas para elimi=
nar la discriminaci=C3=B3n contra la mujer e=
n todos los asuntos relacionados con el=
matrimonio y las relaciones familiares, y en particular, asegurar=C3=A1n en condiciones de igualdad entre hombres=
y mujeres:
=
=E2=80=A6..
e)=
Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el n=C3=BAmero de s=
us hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la informa=
ci=C3=B3n, la educaci=C3=B3n y los medios que le permitan ejercer estos der=
echos=E2=80=A6=E2=80=9D.[3]&=
#xa0;
Se conc=
luye se=C3=B1alando que el acceso a la salud reproductiva, as=C3=AD como la=
opci=C3=B3n de tomar decisiones informadas, es un derecho humano que el Es=
tado debe garantizar en igual forma a hombres y mujeres. La sustentada opin=
i=C3=B3n de la Procuradur=C3=ADa de la Naci=C3=B3n fue ignorada por la mayo=
r=C3=ADa del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
- EL FALLO
<=
/ol>Las conclusiones a =
las que lleg=C3=B3 una mayor=C3=ADa de 5 magistrados -todos hombres- de la =
Corte Suprema de Justicia, para determinar la constitucionalidad de los art=
=C3=ADculos 3 y 4 de la Ley 7 de 2013 son desconcertantes.
En primer lugar, sorprende e=
l extenso y detallado recuento hist=C3=B3rico de las legislaciones que en e=
l pasado han regulado la esterilizaci=C3=B3n femenina en Panam=C3=A1, desde=
la Ley 33 de 1939, pasando por la Ley 48 de 1941, concluyendo los magistra=
dos que la norma tachada de inconstitucional =E2=80=9Crepresenta un avance=
=E2=80=9D, que a su vez constituye prueba suficiente de la voluntad del leg=
islador de cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados intern=
acionales ratificados por Panam=C3=A1.
El anterior argumento deja en evidencia que el magistrado ponente, Jos=C3=
=A9 Ay=C3=BA Prado, y los cuatro magistrados que<=
span style=3D"font-family:Garamond"> apoyaron
el fallo,=
no realizaron un<=
span style=3D"font-family:Garamond"> riguroso proceso de control de la convencio=
nalidad[4] que implica neces=
ariamente -en el contexto del sistema interamericano de Derechos Humanos de=
l que Panam=C3=A1 es parte-, la obligaci=C3=B3n del juzgador de verificar s=
i las normas y pr=C3=A1cticas nacionales se encuentran =
conformes a<=
span style=3D"font-family:Garamond"> la Convenci=C3=B3n Americ=
ana de =
Derechos Hu=
manos y
=
0; su jurisprudencia. Lo mismo puede decirs=
e de los otros convenios internacionales que, por mandato del art=C3=ADculo 4 de la Constituci=C3=B3n deben ser aca=
tados por Panam=C3=A1. Un simple contraste entre la norma calificada como =
=E2=80=9Cun avance=E2=80=9D y los principios establecidos en las convencion=
es internacionales pertinentes, muestra que, con la vigencia de los art=C3=
=ADculos tachados de inconstitucionales, Panam=C3=A1 incumple con los compr=
omisos adquiridos =
para asegurar las =
condiciones de igualdad <=
/span>entre hombres=
y mujeres en materia de planificaci=C3=B3n familiar.
=
A pesar de ello y de la clara violaci=
=C3=B3n tambi=C3=A9n de los art=C3=ADculos de la Constituci=C3=B3n citados,=
el fallo que analizamos califica de constitucionales una y otra vez, los a=
rt=C3=ADculos 3 y 4 de la Ley 2013, negando los argumentos de la abogada M=
=C3=A9ndez Illueca. Queda evidente la ausencia de l=C3=B3gica jur=C3=ADdica=
e incluso parece que se trata de un caso de disonancia cognitiva. <=
/p>
Probablemente el aspecto m=C3=A1s pol=C3=
=A9mico del fallo que analizamos est=C3=A1 contemplado en el siguiente p=C3=
=A1rrafo:
=
=E2=80=9C=E2=80=A6pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y=
por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no<=
/span> puede =
soslayarse q=
ue la =
mujer por sus
caracter=C3=ADsticas f=C3=ADsicas =
y biol=C3=B3gicas, =
espec=C3=ADficamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre =
en t=C3=A9rminos reproductivos...=E2=80=9D. La inaudita afirmaci=C3=B3n saca a la luz u=
na concepci=C3=B3n sexista de la sociedad y el derecho avalada desde la m=C3=A1s alta instancia de justicia del pa=
=C3=ADs, lo que produce un estado de indefensi=C3=B3n en las mujeres, espec=
ialmente en aquellas que, por su condici=C3=B3n econ=C3=B3mica no pueden pa=
gar un procedimiento de esterilizaci=C3=B3n por la v=C3=ADa privada.=
=E2=80=9CEl derecho es un veh=C3=ADculo de t=
ransmisi=C3=B3n de valores=E2=80=A6. y la falta de neutralidad se hace evid=
ente en relaci=C3=B3n con la asignaci=C3=B3n de los roles sociales a las mu=
jeres y los hombres=E2=80=A6. Durante siglos, se consideraba una verdad ina=
movible que la diferencia de trato hecha por el derecho hacia las mujeres encontraba su fundamento en su condici=
=C3=B3n biol=C3=B3gica, lo que determinaba su papel en la sociedad=E2=80=A6=
=E2=80=9D, comentaba la Dra. S=C3=A1nchez Urrutia en el pr=C3=B3logo de la obra An=C3=A1lisis feminista del Derech=
o.[5]
La afirma=
ci=C3=B3n aplica perfectamente=
al fallo que analizamos,=
ya que =
; =C3=A9ste evidencia unos valores patriarcales y discriminadores qu=
e, penosamente, siguen defendi=C3=A9ndose desde la Corte Suprema de Justici=
a de Panam=C3=A1. =
- LOS SA=
LVAMENTOS DE VOTO
Cuatro de los nueve magistrados que<=
span style=3D"font-family:Garamond"> forman parte del pleno <=
span style=3D"font-family:Garamond">de la Corte Suprema de Justicia expresaron su discrepancia con la posici=C3=B3n mayoritaria en=
este caso. Los cuatro consideraron que, efectivamente, el art=C3=ADculo 3 =
y el numeral 2 del art=C3=ADculo 4 de la Ley 7 de 2013, violan preceptos co=
nstitucionales y tratados internacionales ratificados por Panam=C3=A1, al e=
stablecer requisitos diferentes para hombres y mujeres para la realizaci=C3=
=B3n de un proceso de esterilizaci=C3=B3n gratuita en el sistema p=C3=BAbli=
co de salud.
El salvamento de voto de la magistrada Angela Russo es, sin duda, el m=C3=
=A1s completo y detallado, e inicia calificando a los derechos reproductivo=
s -entre los que se encuentra el acceso a la esterilizaci=C3=B3n- , como un=
ejemplo del proceso evolutivo de los derechos humanos. Un proceso que est=
=C3=A1 supuesto a garantizar el art=C3=ADculo 17 de la Constituci=C3=B3n Po=
l=C3=ADtica de la Rep=C3=BAblica de Panam=C3=A1:
=
=E2=80=9CArt. 17: Las autoridades de l=
a Rep=C3=BAblica est=C3=A1n instituidas para proteger en su vida, honra y b=
ienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros qu=
e est=C3=
=A9n bajo su jurisdicci=C3=B3n;=
asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales,=
y cumplir y hacer cumplir la Constituci=C3=B3n y la Ley.
Los derechos y garant=C3=ADas=
que consagra esta Constituci=C3=B3n deben considerarse como m=C3=ADnimos y no =
excluyentes de otros que incida=
n sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona=E2=80=9D (el=
subrayado es nuestro)=E2=80=9D.
En otras palabras, la magistrada Russo establece con cl=
aridad en su salvamente de voto, que los derechos reprod=
uctivos son&=
#xa0; derechos humanos que deben ser protegidos por el Estado, en cumplimiento de las=
obligaciones nacidas de los convenios internacionales ratificados por Pana=
m=C3=A1.
Com=
o sustento a su posici=C3=B3n cita el Programa de Acci=C3=B3n de la Confere=
ncia Internacional sobre Poblaci=C3=B3n y Desarrollo, originado en la Confe=
rencia Internacional sobre Poblaci=C3=B3n y Desarrollo (Cairo 1994); la Con=
ferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995); el art=C3=ADculo 2 de la De=
claraci=C3=B3n Universal de los Derechos Humanos; los art=C3=ADculos=
2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Econ=C3=B3micos,=
Sociales y Culturales; el art=C3=ADculo 1 de la Convenci=C3=B3n Americana =
sobre Derechos Humanos, as=C3=AD como art=C3=ADculo 1 de la Convenci=C3=B3n=
sobre la Eliminaci=C3=B3n de Todas las Formas de Discriminaci=C3=B3n contr=
a la Mujer.
=
La magistrada Russo concluye =E2=80=9Cque la norma y frases acusadas son un=
obst=C3=A1culo para el disfrute y efectividad de los derechos reproductivo=
s de la mujer, particularmente, el derecho a no procrear a trav=C3=A9s de u=
na esterilizaci=C3=B3n voluntaria, lo que resulta lesivo a la dignidad huma=
na=E2=80=9D. La conclusi=C3=B3n de los =
cuatro magistrados que expresaron un voto disidente es que, efectivamente, =
los art=C3=ADculos 3 y 4 (numeral 2) son inconstitucionales.
El ya citado pr=C3=B3logo escrito por la Dra. S=C3=
=A1nchez Urrutia, incluye un breve recuento de la evoluci=C3=B3n de los mov=
imientos feministas desde las revoluciones de los siglos XVIII y XIX en las=
que, a pesar del destacado papel jugado por no pocas mujeres, no son incor=
poradas en la nueva organizaci=C3=B3n social, jur=C3=ADdica y pol=C3=ADtica=
, neg=C3=A1ndoles la condici=C3=B3n de sujetos pol=C3=ADticos y de derecho.=
=E2=80=9CEn=
la legislaci=C3=B3n y en todos los =C3=A1mbitos de conocimiento, la mujer =
no se contempla como un fin en s=C3=AD mismo, sino que se instrumentaliza s=
u cuerpo para atender otros fines superiores. As=C3=AD el cuerpo de la muje=
r debe atender no solo la concepci=C3=B3n religiosa imperante (obligaci=C3=
=B3n de pureza y santidad), sino que tambi=C3=A9n debe ser instrumento medi=
ante el cual se perpet=C3=BAa la especie y la estirpe patriarcal: es el obj=
eto necesario para la reproducci=C3=B3n y el cuidado de los hijos y para el=
bienestar del hombre=E2=80=9D.
Esos conceptos y valores que impregnaron la sociedad occ=
idental del siglo XIX seg=C3=BAn explica la Dra. S=C3=A1nchez Urrutia, pare=
cen seguir vigentes entre la mayor=C3=ADa de los magistrados de la Corte Su=
prema de Justicia de Panam=C3=A1. Su posici=C3=B3n sobre el papel que debe =
necesariamente cumplir la mujer qued=C3=B3 claramente plasmada a lo largo d=
el fallo, pero con especial claridad en el siguiente p=C3=A1rrafo: <=
/p>
=E2=80=9CNo puede de=
sconocerse que la poblaci=C3=B3n, es un elemento esencial para la existenci=
a del Estado. En ese sentido, el Estado para asegurar su subsistencia, nece=
sita establecer pol=C3=ADticas que procuren no solo garantizar la permanenc=
ia de este elemento fundamental, sino tambi=C3=A9n que los recursos p=C3=BA=
blicos existentes sean distribuidos de la manera m=C3=A1s equitativa y efic=
iente posible=E2=80=9D.
Un Estado que discrimina y establece desigual tratamiento entre =
hombres y mujeres -incluso entre mujeres- con el prop=C3=B3sito de mantener=
la especie, y una justicia que lo avala. Frente a un fallo como el que ana=
lizamos, la inolvidable Ana S=C3=A1nchez Urrutia nos ense=C3=B1a el camino =
a seguir: =E2=80=9CHay que luchar contra los estereotipos y por ello es tar=
ea de los juristas identificar los valores que transmiten las normas, reflexionar =
sobre las soluciones&#x=
a0; jur=C3=ADdicas adoptadas <=
span style=3D"font-family:Garamond">por el sistema normativo ante los conflictos que afectan a las mujeres y analizar las tutelas =
y las garant=C3=ADas que el ordenamiento jur=C3=ADdico prev=C3=A9 antes est=
as situaciones=E2=80=9D.
[1] Ley 4 de 22 de mayo de 1981, que aprueba la Convenci=C3=B3n sobre la=
Eliminaci=C3=B3n de todas las Formas de Discriminaci=C3=B3n Contra la Muje=
r. Gaceta Oficial 19.331 de 3 de junio de 1981.
[2] Ley 4 =
de 29 de enero de 1999, Por la Cual se Instituye la Igualdad de Oportunidad=
es para las Mujeres. Gaceta Oficial 23,729 de 6 de febrero de 1999.<=
span style=3D"font-family:Calibri; font-size:11pt">
[3] Ley 4 de 22 de mayo de 1981, que aprueba la Convenci=C3=B3n =
sobre la Eliminaci=C3=B3n de todas las Formas de Discriminaci=C3=B3n Contra=
la Mujer. Gaceta Oficial 19.331 de 3 de junio de 1981.
[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid A=
rellano y otros vs Chile, 26 de septiembre de 2006.
[5] S=
=C3=A1nchez Urrutia, Ana y Pumar Beltr=C3=A1n, Nuria (coord.). An=C3=A1lisi=
s feminista del derecho: Teor=C3=ADas, igualdad, interculturalidad y violen=
cia de g=C3=A9nero. Universidad de Barcelona, 2013.